LA CLÍNICA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO A TRAVÉS DE CASOS REALES

¿Qué puede aportar una clínica legal a la enseñanza del Derecho Administrativo? Este artículo explora el potencial pedagógico, institucional y social del modelo clínico desde la experiencia de la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá. A través del trabajo con casos reales, los estudiantes no solo consolidan sus conocimientos y desarrollan habilidades esenciales para su futura profesión, sino que también adoptan una mirada crítica sobre el papel del Derecho en la sociedad. Se analiza, además, cómo este modelo refuerza el compromiso de la Universidad con la defensa de los derechos fundamentales y contribuye a generar vínculos transformadores entre la academia y su entorno.

PALABRAS CLAVE: Clínica legal, Derecho Administrativo, enseñanza práctica, justicia social, derechos fundamentales.

THE LEGAL CLINIC OF THE UNIVERSITY OF ALCALÁ: INNOVATING THE TEACHING OF ADMINISTRATIVE LAW THROUGH REAL CASES

What can a legal clinic contribute to the teaching of Administrative Law? This article explores the pedagogical, institutional, and social potential of the clinical model based on the experience of the Legal Clinic at the University of Alcalá. By working on real cases, students not only consolidate their knowledge and develop essential skills for their future profession but also adopt a critical perspective on the role of law in society. The article also examines how this model strengthens the University’s commitment to the protection of fundamental rights and helps to build transformative connections between academia and its surrounding environment.

KEYWORDS: Legal clinic, Administrative Law, practical teaching, social justice, fundamental rights.

1. INTRODUCCIÓN. 2. EL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA FORMACIÓN JURÍDICA: UNA METODOLOGÍA CON VOCACIÓN SOCIAL. 3. LIMITACIONES DE LA ENSEÑANZA TRADICIONAL DEL DERECHO. 4. CLÍNICAS LEGALES Y DERECHO ADMINISTRATIVO: UNA CONEXIÓN NECESARIA. 5. LA CLÍNICA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE Y COMPROMISO SOCIAL. 5.1. Funcionamiento de la Clínica Legal de la UAH. 5.2. Algunos casos representativos de la Clínica Legal. 6. IMPACTO FORMATIVO DE LA CLÍNICA LEGAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. 7. IMPACTO SOCIAL DE LA CLÍNICA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. 8. UN CASO PRO[2]BONO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DEL DERECHO ADMINSITRATIVO. 9. MI EXPERIENCIA EN LA CLÍNICA LEGAL: DE ALUMNA A PROFESORA. 10. CONCLUSIONES. 11. BIBLIOGRAFÍA.

A veces, basta con salir del aula para que el Derecho cobre todo su sentido. Basta con escuchar a quien nunca ha tenido voz, con poner nombre a injusticias que no aparecen en los manuales. En un momento histórico en el que los derechos fundamentales se invocan con facilidad, pero se garantizan con dificultad, la enseñanza del Derecho no puede limitarse a transmitir normas y teorías. Formar juristas ya no es solo una cuestión de conocimientos técnicos, sino de sensibilidad, de compromiso y de capacidad para mirar la realidad de frente.

En este contexto, la Universidad –lejos de ser una burbuja aislada del mundo exterior– tiene el deber de convertirse en un espacio de encuentro entre el saber jurídico y las necesidades sociales más urgentes. Es ahí donde se sitúa la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá (CL-UAH): un lugar donde el aprendizaje se transforma en acción, donde la teoría se confronta con la vida, y donde los estudiantes descubren que ejercer el Derecho puede y debe significar algo más que dominar un código o aprobar un examen.

La CL-UAH no es un proyecto cualquiera. Tampoco es solo una experiencia académica innovadora. Es, sobre todo, una puerta de entrada a una forma distinta de entender la profesión jurídica: más humana, más consciente, más implicada. A través de ella, los estudiantes se acercan a personas en situación de vulnerabilidad, analizan sus problemas legales reales y, bajo la tutela de los profesores, buscan soluciones jurídicas que tengan un impacto efectivo en sus vidas. En ese proceso, quienes participan no solo aprenden Derecho: aprenden también empatía, responsabilidad y compromiso con la justicia social.

No es casual que quienes pasan por la CL-UAH salgan transformados. No porque hayan resuelto todos los problemas jurídicos que se les han planteado –muchas veces, al contrario, saldrán con más preguntas que respuestas–, sino porque han entendido que el Derecho no es neutro. Esa es quizá la mayor lección que ofrece la CL-UAH: que no basta con conocer el Derecho, sino que hay que aprender a usarlo con conciencia crítica, sabiendo que cada decisión jurídica tiene consecuencias humanas. En este contexto, resulta imprescindible detenerse a explicar qué es exactamente la CL-UAH. Porque solo comprendiendo su estructura, objetivos y forma de funcionamiento puede entenderse el verdadero alcance de la experiencia que ofrece.

Este estudio reflexiona sobre el potencial formativo y social del aprendizaje-servicio en el ámbito jurídico, tomando como eje la experiencia concreta de la CL-UAH. A partir de una revisión crítica de las limitaciones de la enseñanza tradicional del Derecho y del análisis de las clínicas jurídicas como metodología con vocación transformadora, se expone cómo la Clínica Legal permite enseñar Derecho Administrativo a través de casos reales, conectando la formación académica con el compromiso social. El trabajo se estructura en torno a su funcionamiento, el impacto en los estudiantes y en la sociedad, la resolución de un caso pro bono y mi experiencia personal como antigua alumna y actual profesora de la CL-UAH.

2. EL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA FORMACIÓN JURÍDICA: UNA METODOLOGÍA CON VOCACIÓN SOCIAL

El aprendizaje-servicio emergió como una metodología educativa innovadora, especialmente relevante en la enseñanza del Derecho[3]. Esta propuesta pedagógica combina el aprendizaje teórico con el compromiso social, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula para dar respuesta a necesidades reales de la sociedad. A través de esta metodología, los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentarse a problemas legales concretos, prestar asistencia a colectivos en situación de vulnerabilidad y tomar conciencia del papel del Derecho como instrumento de transformación social.

Los beneficios del aprendizaje-servicio en la educación jurídica son múltiples. En primer lugar, favorece el desarrollo de competencias prácticas directamente vinculadas al ejercicio profesional, muchas veces difíciles de abordar desde una enseñanza puramente teórica. En segundo lugar, promueve el compromiso social de los estudiantes, que toman contacto directo con realidades de exclusión o desprotección jurídica, y se implican en la defensa de los derechos de quienes no pueden acceder fácilmente al asesoramiento legal. Por último, fomenta una reflexión crítica sobre la práctica jurídica, ayudando a los futuros profesionales a tomar conciencia de los dilemas éticos y de la dimensión humana del Derecho.

Las clínicas legales o clínicas jurídicas constituyen el espacio institucional por excelencia para la aplicación del aprendizaje-servicio en los estudios de Derecho[4]. Estas clínicas permiten integrar el conocimiento jurídico con la experiencia práctica, en un entorno de aprendizaje activo, ético y comprometido. A través de su participación en la clínica, los estudiantes no solo consolidan sus conocimientos académicos, sino que también desarrollan un sentido profundo de responsabilidad social y una conciencia clara de su futura función como juristas al servicio de la sociedad.

El estudio del Derecho a través de las clínicas jurídicas ha sido ampliamente abordado en la doctrina desde enfoques pedagógicos, jurídicos y sociales, y en contextos muy diversos, especialmente en Estados Unidos, lo que permite dar por sentada su relevancia como herramienta de innovación docente y de compromiso social. Partiendo de ese bagaje[5], este trabajo no pretende ofrecer una nueva sistematización teórica ni profundizar en el estado de la cuestión, sino mostrar una experiencia concreta sobre cómo se enseña el Derecho Administrativo a través de los casos reales que llegan a la CL-UAH.

La enseñanza del Derecho en el ámbito universitario ha estado históricamente marcada por un modelo tradicional centrado en la transmisión expositiva de conocimientos. En este enfoque, el profesor desempeña un papel principal como figura que domina el contenido jurídico y lo presenta ante un alumno que asume una actitud esencialmente pasiva. La lección magistral, como instrumento pedagógico valioso y que no debe ser abandonado, estructura el aprendizaje en torno a la explicación ordenada y sistemática de normas, categorías dogmáticas y jurisprudencia.

Este modelo ha sido clave para la consolidación de una formación jurídica rigurosa y coherente en términos teóricos. Ha permitido desarrollar una cultura jurídica sólida, basada en el estudio de las instituciones, la sistematización del ordenamiento y la comprensión de los principios generales que articulan el Derecho. No obstante, también presenta limitaciones significativas en el contexto de una sociedad jurídica cada vez más compleja y demandante de competencias prácticas, reflexivas y sociales.

Uno de los principales inconvenientes de esta metodología reside en su tendencia a reforzar una visión excesivamente abstracta y dogmática del Derecho[6]. Al centrarse en el aprendizaje de contenidos normativos de forma descontextualizada, puede dificultar la comprensión del Derecho como práctica viva, como instrumento al servicio de los ciudadanos y como campo de intervención en conflictos reales. La escasa conexión con los problemas jurídicos concretos limita la capacidad del estudiante para identificar, formular y resolver cuestiones que trascienden lo puramente académico, afectando a su autonomía crítica y a su preparación para el ejercicio profesional.

Si bien el modelo tradicional ha permitido la formación de generaciones de juristas con una sólida base teórica, deja en un segundo plano competencias esenciales para el ejercicio profesional del Derecho, como la argumentación jurídica, la toma de decisiones, la resolución de problemas concretos o el pensamiento crítico. Estas habilidades, fundamentales en ámbitos como la abogacía, la judicatura, el asesoramiento o la función pública, difícilmente se desarrollan en un entorno docente sin contacto con situaciones reales ni con los matices y tensiones propias de los casos concretos.

En el caso específico del Derecho Administrativo, estas limitaciones se acentúan. La materia, ya de por sí percibida como compleja y técnica, se transmite a menudo de forma excesivamente formalista, mediante la exposición de procedimientos, competencias, jerarquías administrativas y regímenes jurídicos, sin mostrar el impacto directo que la actuación de la Administración puede tener en los derechos y en la vida cotidiana de las personas. Este enfoque no solo puede generar desinterés o desconexión, sino que también obstaculiza la comprensión crítica del papel del Derecho Administrativo en un Estado social y democrático de Derecho.

Por todo ello, resulta necesario replantear las metodologías docentes utilizadas en los estudios jurídicos, incorporando enfoques más activos, participativos y socialmente comprometidos. Metodologías como el aprendizaje-servicio o la enseñanza basada en casos reales —como los que se abordan en el contexto de las clínicas legales— permiten superar muchas de las carencias del modelo tradicional, reforzando el aprendizaje significativo, la conexión con la realidad social y la formación de profesionales jurídicos más íntegros, empáticos y responsables[7].

El Derecho Administrativo ocupa un lugar central en la formación jurídica y en la consolidación del Estado de Derecho, ya que regula las relaciones entre la ciudadanía y la Administración pública. A través de sus normas, principios e instituciones, se estructura el ejercicio del poder público en aspectos tan diversos como la prestación de servicios, la imposición de sanciones o la gestión de subvenciones. Su enseñanza es, por tanto, clave para comprender cómo actúa la Administración, cuáles son los límites legales de su intervención y qué mecanismos tienen las personas para defender sus derechos frente a ella. Además, esta disciplina no solo permite conocer el marco jurídico que ordena la actuación administrativa, sino que también invita a una reflexión crítica sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y su papel en la garantía efectiva de los derechos fundamentales.

Ahora bien, la enseñanza del Derecho Administrativo presenta también importantes dificultades[8]. Se trata de una disciplina compleja, caracterizada por una intensa producción normativa —a menudo técnica, dispersa y sujeta a continuas reformas—, así como por un lenguaje jurídico altamente especializado y abstracto. Esta complejidad puede generar una percepción de rigidez o desconcierto en los estudiantes, especialmente cuando los contenidos se transmiten de forma meramente teórica o excesivamente centrada en la literalidad normativa.

Además, el Derecho Administrativo exige al estudiante un conocimiento transversal que combine elementos de teoría del Derecho, Derecho constitucional o Derecho procesal, lo que supone un reto adicional para su comprensión global. La abundancia de conceptos, la pluralidad de fuentes jurídicas y la diversidad de niveles administrativos (estatal, autonómico, local) dificultan a menudo la visualización práctica de su operatividad.

En este contexto, el uso de metodologías activas que permitan contextualizar la teoría y vincularlos con situaciones reales se revela especialmente útil. El análisis de casos reales, como los que se abordan en el marco de una Clínica Legal, permite superar la distancia entre la teoría y la práctica, al tiempo que facilita la comprensión del impacto directo que la actuación administrativa puede tener en la vida de las personas. Esta aproximación no solo enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también contribuye a formar juristas más conscientes del papel social del Derecho Administrativo y de su función como instrumento de garantía frente al poder público.

El uso de casos prácticos reales, aunque también pueden ser simulados, en la enseñanza del Derecho Administrativo constituye una herramienta pedagógica especialmente eficaz para facilitar la comprensión de conceptos jurídicos complejos, que, abordados desde la abstracción normativa, pueden resultar difíciles de asimilar. Al situar al estudiante ante problemas reales o verosímiles, se estimula no solo su capacidad de análisis y argumentación jurídica, sino también su habilidad para identificar los intereses en juego, aplicar el marco normativo adecuado, valorar las implicaciones prácticas de las decisiones administrativas, desarrollar soluciones creativas y adquirir competencias fundamentales para su futura práctica profesional, como la función social de la abogacía y el compromiso ético, aspectos que rara vez se abordan con profundidad en la enseñanza jurídica tradicional.

5. LA CLÍNICA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE Y COMPROMISO SOCIAL

La CL-UAH se fundó en el curso académico 2012-2013 como parte de un Proyecto de Innovación Docente que apostaba por una forma diferente de enseñar Derecho a través de metodologías activas de enseñanza del Derecho, como el aprendizaje-servicio. Con el tiempo, se ha consolidado como un espacio donde el conocimiento jurídico se pone al servicio de personas en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que ofrece a los estudiantes una experiencia de formación real y crítica.

En poco más de una década, la CL-UAH ha atendido más de 2.500 consultas, de las cuales aproximadamente el 70 % están relacionadas con el VIH. Este elevado volumen de casos ha conducido a una especialización progresiva de la Clínica en esta materia, consolidándola como un referente en la defensa de los derechos de las personas con VIH[9]. Debido a que, a pesar de los avances médicos y jurídicos, en España persisten formas de discriminación por razón del estado serológico, que se deben, en muchos casos, a una falta de actualización de las regulaciones y de los enfoques normativos y jurisprudenciales. Ni el legislador ni los tribunales han incorporado plenamente los avances científicos en materia de prevención y tratamiento del VIH, lo que impide evaluar con criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad las restricciones al derecho a la igualdad que aún sufren muchas personas.

A lo largo de los años, las temáticas tratadas en la CL-UAH han sido muy diversas: exclusión en procesos selectivos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por el VIH; obtención y mantenimiento de empleo en el ámbito sanitario; acceso a tratamientos innovadores; pruebas médicas exigidas en procesos de selección laboral; responsabilidad civil y penal por no revelar el estado serológico o por transmisión accidental del VIH; vulneración del honor y la intimidad por terceros; limitaciones en la acogida, adopción o tutela de menores; derechos de personas migrantes con VIH en situación irregular o solicitantes de asilo; y revisión a la baja del grado de discapacidad tras tratamiento de coinfecciones.

Sin embargo, la CL-UAH también recibe consultas de personas con otro tipo de enfermedad crónica, condición de salud y/o con un grado de discapacidad, pues estas personas suelen enfrentarse a múltiples barreras —legales, sociales e institucionales— que dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos. Estas barreras, que operan en distintos niveles del ordenamiento jurídico y de la sociedad, configuran formas de discriminación estructural que no pueden abordarse únicamente desde una lógica asistencial o sanitaria. El enfoque de la CL-UAH integra una perspectiva de derechos humanos, reconociendo que el acceso a la justicia es un componente esencial para garantizar la dignidad, la identidad, la libertad y la igualdad de estas personas.

La CL-UAH adopta una metodología híbrida que combina la clínica universitaria interna con la clínica de alfabetización legal basada en la metodología de aprendizaje-servicio. Como clínica universitaria interna, está gestionada y supervisada desde la propia Universidad de Alcalá y se orienta exclusivamente a consultas de interés comunitario, recibidas de personas reales o de asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de personas con una enfermedad crónica y/o discapacidad. Las consultas recibidas tratan, por lo general, sobre cuestiones jurídicas con un fuerte componente social, dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad o con recursos económicos limitados.

Y, como clínica cuya función principal es la alfabetización legal, su labor se centra en acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía. El principal objetivo es proporcionar a las personas información clara, accesible y comprensible sobre sus derechos y sobre el funcionamiento del sistema jurídico. A través del trabajo del estudiantado, siempre bajo la tutela de los profesores, la Clínica traduce el lenguaje técnico del Derecho para que quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan tomar decisiones informadas y ejercer efectivamente sus derechos[10].

Es importante señalar que la CL-UAH no actúa como un despacho profesional, ni los estudiantes, ni los profesores que participan en ella, pueden ejercer funciones de representación ante tribunales o Administraciones, ni intervenir en procesos de mediación o litigación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Su labor no implica asesoramiento profesional ni representación letrada, sino una función pedagógica que pone el conocimiento jurídico al servicio de la ciudadanía y contribuye al empoderamiento de las personas a través de la transferencia del conocimiento.

A este respecto, conviene subrayar que el servicio que ofrece la CL-UAH no constituye un servicio de asesoramiento profesional ni pretende sustituir los recursos públicos existentes. En los casos en los que se detecta la necesidad de iniciar una vía judicial, siempre se remite a la persona consultante a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y al Turno de Oficio, gestionados por los Colegios de la Abogacía.

La CL-UAH está abierta a la participación de estudiantes del Grado en Derecho, del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, así como del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura. Algunos estudiantes se incorporan de manera voluntaria desde los primeros cursos, mientras que otros lo hacen a través de la asignatura optativa de cuarto curso del Grado en Derecho, titulada “Clínica Legal”. Además, la CL-UAH ofrece un espacio idóneo para la realización de Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster analizando los problemas jurídicos que presentan las consultas que recibe la CL-UAH, así como de prácticas curriculares del Grado.

Las consultas legales que se atienden en la CL-UAH provienen tanto de personas particulares como de entidades colaboradoras, especialmente a través de CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH y SIDA), mediante un correo electrónico habilitado para este fin. La atención de la CL-UAH se presta exclusivamente por vía telemática, mediante correo electrónico, y respetando en todo momento la confidencialidad y el anonimato de las personas usuarias, a quienes no se exige identificación, no se ofrecen consultas presenciales ni telefónicas.

La asignación de los casos corresponde al director de la CL-UAH, el profesor Miguel Ángel Ramiro Avilés, quien asigna un código a cada consulta recibida y conforma equipos integrados, por lo general, por dos estudiantes y un profesor responsable del seguimiento del caso. Desde la primera reunión basal hasta la elaboración y revisión de los distintos borradores, el proceso culmina con el envío de una respuesta jurídica fundamentada a la persona usuaria o a la asociación. El trabajo se realiza en coordinación con el tutor académico, mediante reuniones presenciales o a distancia. El plazo habitual de resolución y envío de la consulta desde que llegan a la Clínica es de aproximadamente quince días lectivos.

Todas las consultas, aunque están supervisadas por un profesor, son investigadas, estructuradas y redactadas por los estudiantes. Son ellos quienes asumen el protagonismo del proceso, elaborando el contenido jurídico y desarrollando sus competencias a través de la redacción de la consulta. Para garantizar la coherencia y calidad de las respuestas, se utiliza una ficha modelo con apartados para bibliografía, guías, legislación, jurisprudencia y el desarrollo de la respuesta final.

Uno de los aspectos clave del trabajo en la CL-UAH es el desarrollo de una redacción clara, accesible y técnicamente rigurosa, dirigida a personas sin formación jurídica, pero con una necesidad real y urgente de comprensión de sus derechos. La mayor parte de las consultas adoptan la forma de “microcasos”, remitidos por personas particulares que enfrentan problemas jurídicos específicos. Aunque se presenten como situaciones individuales, la reiteración de determinadas cuestiones permite detectar patrones de discriminación o fallos estructurales que afectan a determinados colectivos. Además, su aparente simplicidad no implica menor complejidad jurídica: por ejemplo, una consulta sobre el uso de datos de salud en un proceso de custodia puede involucrar el interés superior del menor, el derecho a la intimidad y la protección de datos personales.

Además, la formación de los estudiantes se complementa con actividades de Street Law organizadas junto con asociaciones y centros sanitarios. Como clínica de alfabetización jurídica, la CL-UAH promueve que los estudiantes realicen una labor pedagógica mediante la recopilación y divulgación de información legal comprensible. Estas sesiones permiten a los estudiantes interactuar directamente con personas, por ejemplo, recién diagnosticadas con VIH o con migrantes en situación administrativa irregular, a quienes ofrecen información jurídica adaptada a sus necesidades, siempre bajo la supervisión docente. Se trata de una experiencia formativa integral, que refuerza no solo sus conocimientos técnicos, sino también su compromiso ético y su capacidad para comunicar el Derecho de manera comprensible y empática.

Entre los casos más frecuentes se encuentran consultas sobre el acceso a la atención sanitaria para personas migrantes, la discriminación laboral (en el acceso y mantenimiento del empleo), dificultades para contratar seguros o acceder a servicios privados, vulneraciones del derecho a la intimidad (especialmente en lo relacionado con el estado serológico y la exigencia indebida de pruebas de VIH en entornos laborales y sanitarios), y la denegación de prestaciones sociales. Estos casos, además de ser de gran relevancia práctica, se pueden integrar como materiales de estudio en las asignaturas del grado, sirviendo de base para la docencia universitaria.

Además de las áreas mencionadas, el trabajo de la CL-UAH también se desarrolla dentro del ámbito del Derecho Administrativo, donde los estudiantes abordan casos relacionados con el acceso a prestaciones y servicios públicos, la defensa de derechos fundamentales, como los vinculados a la discapacidad y el VIH, y la eliminación de barreras que dificultan el ejercicio efectivo de derechos por parte de determinados colectivos. A través de estos casos, los estudiantes no solo comprenden el funcionamiento de la Administración, sino también cómo esta incide en la vida cotidiana de las personas y qué herramientas ofrece el ordenamiento jurídico para responder a situaciones de desigualdad o vulneración de derechos.

Entre los casos más representativos que recibimos con mayor frecuencia, se encuentra el de una mujer a la que se le negó una plaza en una residencia pública por tener el VIH (CESIDA-2021-119). En este caso, los estudiantes trabajaron en la clasificación jurídica del VIH, las implicaciones legales y el uso discriminatorio de los argumentos sanitarios para justificar la exclusión. Analizaron la normativa estatal y autonómica, la jurisprudencia y la doctrina legal, valorando el impacto de este tipo de decisiones en el derecho a la igualdad y el acceso a servicios sociales.

Asimismo, uno de los casos que con más frecuencia se repite en la CL-UAH es el de personas con VIH que, al acceder a intervenciones quirúrgicas en el sistema público de salud (también pasa en el sector privado), son objeto de tratos diferenciados, pues antes de entrar en el quirófano, se les informa de que su intervención se reprogramará para el último turno del día con el objetivo de aplicar una esterilización más rigurosa debido a su condición serológica (CESIDA-2025-29). Este tipo de prácticas plantea serias dudas desde la perspectiva de la no discriminación y del derecho a la igualdad en el acceso a la atención sanitaria.

Además, ha habido consultas que combinan cuestiones sanitarias con la protección de datos, como el caso de una usuaria que deseaba acceder a su historial médico para reclamar un trato recibido por una trabajadora social (CESIDA-2022–86). Los estudiantes investigaron el procedimiento administrativo para ejercer este derecho, analizaron la normativa sobre protección de datos y redactaron un escrito administrativo para presentar una denunciar ante la Administración competente con el fin de que iniciara un procedimiento sancionador contra la trabajadora.

Por otro lado, otro asunto destacable fue el de una ordenanza municipal que exigía no solo el estado de salud de la persona solicitante de una prestación domiciliaria, sino también el de todas las personas convivientes en el mismo domicilio (UAH-2023-52). A partir de esta consulta, los estudiantes abordaron el principio de minimización de datos, el derecho a la intimidad y la jerarquía normativa, concluyendo que una norma local no puede establecer exigencias que vulneren derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, así como por la legislación estatal y europea. Además, analizaron las posibles vías de impugnación.

También destacan las consultas recientes sobre los silencios administrativos ante reclamaciones por discriminación en el ámbito sanitario (CESIDA-2024-107). En muchos de estos casos, los estudiantes no solo ofrecen información jurídica teórica, sino que también proponen acciones concretas, como escritos administrativos o recursos, para que las personas afectadas puedan defenderse.

Además de estos casos, la CL-UAH recibe consultas sobre temas como el acceso a empleo público, la revisión del grado de discapacidad, la denegación de operaciones quirúrgicas por no seguir tratamiento antirretroviral y el acceso a tratamientos innovadores. Los estudiantes analizan la legislación administrativa aplicable, los procedimientos correspondientes y la posible vulneración de derechos, desarrollando habilidades clave para su futura carrera profesional. La CL-UAH se erige como un espacio fundamental para la enseñanza práctica y tangible del Derecho administrativo que se explica en las aulas.

6. IMPACTO FORMATIVO DE LA CLÍNICA LEGAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

La experiencia en la clínica no solo enseña Derecho, sino que permite a los estudiantes vivirlo, aplicarlo y ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan, marcando un hito en su formación jurídica. El objetivo de la CL-UAH no es solo empoderar a las personas usuarias dándoles a conocer sus derechos, sino también a los estudiantes, a través de una enseñanza jurídica personalizada, clara y accesible, que les permita comprender, reclamar y defender derechos, tanto propios como ajenos. Esta participación continuada brinda a los estudiantes una experiencia práctica significativa, les permite aplicar sus conocimientos teóricos a situaciones reales y desarrollar competencias clave, cada vez más valoradas en el entorno profesional. De hecho, muchos despachos de abogados reconocen la experiencia clínica como un mérito diferencial en los procesos de selección, tanto para prácticas curriculares de grado o máster como en el currículum de quienes inician su carrera profesional.

En el plano pedagógico, la CL-UAH ofrece a los estudiantes una oportunidad única para aplicar los conocimientos adquiridos en su formación académica a casos reales, en los que el componente social y humano está muy presente. A través de un método de trabajo colaborativo, supervisado por profesores y profesionales del Derecho, los estudiantes analizan consultas jurídicas, interactúan con personas en situación de vulnerabilidad y elaboran respuestas fundamentadas. De este modo, se familiarizan con áreas del sistema jurídico que no suelen ser objeto de estudio en profundidad en el currículo tradicional y desarrollan competencias clave para su futura práctica profesional, como la argumentación jurídica, la empatía, la comunicación clara o la sensibilidad ética.

En particular, en los casos relacionados con el VIH, los estudiantes aprenden a abordar la cuestión no solo desde la óptica del derecho a la salud —por ejemplo, en relación con el acceso a tratamientos antirretrovirales— o desde las exigencias de la salud pública —como el control de la transmisión del virus—, sino también desde una mirada crítica al Derecho positivo. Se les anima a identificar y cuestionar las múltiples formas de discriminación directa, indirecta o por asociación que persisten en la legislación y en la práctica administrativa, y a proponer soluciones jurídicas que respeten la dignidad y la autonomía de las personas afectadas.

Este proceso no solo fortalece su capacidad técnica, sino que también les ofrece una visión más realista del funcionamiento del sistema jurídico, incluyendo aspectos que a menudo quedan al margen de la enseñanza tradicional. Esta iniciativa pedagógica nace del convencimiento de que el Derecho no solo se estudia, sino que también se ejerce, y que su enseñanza debe integrar una dimensión práctica, crítica y social.

El impacto de esta experiencia va más allá del aula. Las comunidades destinatarias del servicio reciben alfabetización legal gratuita y comprensible en cuestiones que afectan a su vida diaria, lo que contribuye al ejercicio efectivo de sus derechos. Al mismo tiempo, los estudiantes adoptan un papel activo y responsable en su aprendizaje, asumiendo funciones similares a las del ejercicio profesional, y también desarrollan una perspectiva crítica sobre la función social de la abogacía. Las Facultades de Derecho y la Universidad en su conjunto se benefician también de esta interacción directa con la sociedad, fortaleciendo su vínculo con el entorno y contribuyendo al cumplimiento de su función social.

Ahora bien, es cierto que, en algunos casos, la experiencia en la CL-UAH no tiene el impacto esperado y genera frustraciones tanto en los estudiantes como en los profesores. Existen alumnos para los que la práctica clínica no cumple con las expectativas formativas, en parte porque aún no están preparados para asumir los retos que plantea este trabajo. La CL-UAH, en este sentido, también actúa como un espejo, revelando no solo los conocimientos adquiridos, sino también las áreas en las que el estudiante necesita mejorar. Es una oportunidad para identificar las carencias formativas y personales, permitiendo que tanto el estudiante como el profesor puedan ajustar enfoques y expectativas, así como sus objetivos profesionales futuros. Y, en ocasiones, en la CL-UAH se ha invitado a algunos estudiantes a abandonar su participación, al no alcanzar los objetivos esperados y no superar la curva de aprendizaje.

La CL-UAH se integra en el Grupo de Investigación “Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos” (DECADE-UAH), lo que refuerza su enfoque temático y su compromiso con los derechos sociales. Esta integración permite una estrecha colaboración entre el profesorado universitario, profesionales del Derecho y estudiantes. Por ello, a través de sus diversas actividades, la CL-UAH no solo ofrece el acceso a una alfabetización legal gratuita, sino que también ha constituido una fuente de materiales para la investigación de los profesores implicados, además de llevar a cabo diferentes proyectos.

Durante más de diez años, el Grupo de Investigación DECADE-UAH ha desarrollado, en el marco de proyectos de investigación y transferencia, más de treinta informes sobre barreras en el acceso a servicios esenciales como seguros, asistencia sanitaria o servicios privados, así como análisis y sistematización de la normativa vigente a nivel europeo, estatal, autonómico y municipal. Estos informes han permitido identificar y proponer cambios en la legislación tanto nacional como autonómica para mejorar la protección de los derechos de las personas con VIH y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Además, Entre 2020 y 2025, se han elaborado 74 folletos y 48 píldoras informativas sobre los derechos de las personas con VIH, con el objetivo de facilitar su conocimiento y comprensión por parte de la sociedad. La financiación obtenida por el Grupo de Investigación DECADE-UAH —más de medio millón de euros a través de contratos de investigación y convenios con Administraciones públicas— ha permitido llevar a cabo estas investigaciones, organizar conferencias y congresos, desarrollar actividades de alfabetización legal y de transferencia del conocimiento, así como formalizar contratos con jóvenes investigadores y conceder becas de iniciación a la investigación para estudiantes aventajados de grado y/o máster.

A partir del trabajo desarrollado en la CL-UAH, el Grupo de Investigación DECADE-UAH ha consolidado un espacio de formación integral en el que se combina la supervisión académica con la colaboración de profesionales del Derecho. Esta articulación entre docencia, investigación y práctica ha permitido generar un conocimiento jurídico aplicado con un fuerte impacto social.

La labor de la CL-UAH ha sido clave en la identificación y modificación de normas contrarias a los derechos de las personas con VIH, en el marco de convenios con el Ministerio de Sanidad, CESIDA y la Universidad de Alcalá. A través del análisis jurídico y la elaboración de propuestas legislativas, la CL-UAH ha desempeñado un papel relevante en el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, incidiendo de forma particular en la defensa de los derechos de las personas con el VIH. Uno de los frutos más relevantes de este trabajo fue la inclusión del estado serológico como causa protegida frente a la discriminación en la Ley 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación (Ley 15/2022).

Igualmente, la CL-UAH ha impulsado también reformas normativas significativas, como la apertura del acceso de personas con VIH a la función pública, en concreto, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército (2018); la modificación de los criterios de acceso a la seguridad privada (2023); y la intermediación con aseguradoras para garantizar el cumplimiento de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 50/1980, sobre contrato de seguro (2023). Estos avances evidencian su capacidad para incidir en las políticas públicas y transformar el marco jurídico en beneficio de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por último, entre los hitos más recientes de la CL-UAH destaca su participación en un caso pionero, en colaboración con CESIDA y la Fundación Fernando Pombo, que logró el reconocimiento judicial de la discriminación por razón del estado serológico en la renovación del permiso de conducir. Este litigio estratégico evidenció tanto el impacto de las clínicas jurídicas en la promoción de la justicia social como el valor de la legitimación activa de las entidades sociales. Además, constituye un ejemplo especialmente claro de cómo el Derecho Administrativo permite impugnar decisiones discriminatorias adoptadas por órganos de la Administración. Su relevancia y desarrollo se analizarán con más detalle en el epígrafe siguiente.

El caso se inicia cuando una persona con VIH contacta con la Clínica Legal a través del correo habilitado para consultas, tras haber sido informada en un centro médico de que, por estar en tratamiento antirretroviral, solo podría renovar su permiso de conducción por cinco años, en lugar del plazo ordinario de diez. Esta restricción, aplicada sin justificación clínica concreta, se fundamentaba únicamente por tener VIH.

Desde la Clínica, los estudiantes, bajo mi supervisión, redactaron un escrito de reclamación dirigido a la Dirección General de Tráfico (DGT), poniendo de manifiesto la actuación discriminatoria del personal médico y cuestionando la validez del reconocimiento psicofísico por no ajustarse al procedimiento administrativo establecido. La DGT tramitó dicha reclamación como recurso de alzada, que fue posteriormente desestimado mediante resolución de su Director General. El expediente administrativo, al que se tuvo acceso tras solicitud expresa, no contenía informe médico alguno que justificara la medida restrictiva, lo que reforzaba el carácter arbitrario y discriminatorio de la decisión.

A partir de ese momento, se valoró la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. La reforma operada por el artículo 29 de la Ley 15/2022 —que amplió la legitimación prevista en el artículo 19.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio— permitió fundamentar la legitimación activa de CESIDA como entidad representativa de los derechos de las personas con VIH. Dos estudiantes de la CL-UAH, Jessica y Rubén, elaboraron bajo mi supervisión el documento base que acreditaba dicha legitimación. El recurso fue finalmente interpuesto por el abogado Miguel Ángel García Otero, del despacho Gómez-Acebo & Pombo que asumió la representación letrada pro bono.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Pamplona admitió la legitimación de CESIDA para impugnar la resolución de la DGT. El recurso se fundamentó en la ausencia de una justificación médica adecuada, lo que supuso una vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón del estado serológico. Se alegó que el trato diferenciado —la concesión del permiso de conducir por cinco años en lugar de diez— no superaba el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional en materia de igualdad de trato. El Abogado del Estado solicitó el interrogatorio del facultativo responsable de la decisión. Este justificó la reducción del período de renovación con el argumento de que así podía “vigilar mejor el estado de salud” del solicitante, una motivación que excedía sus competencias y evidenciaba un comportamiento paternalista carente de justificación. Así se puso de manifiesto tanto en el interrogatorio realizado por el abogado Yago Fernández, también abogado de Gómez-Acebo & Pombo, como en las conclusiones que posteriormente redactó.

La sentencia pionera en este caso resaltó que la DGT había incurrido en una actuación contraria a Derecho. La resolución fue declarada nula de pleno derecho por falta de motivación y por discriminación por razón del estado serológico. No se identificó ningún riesgo ni deterioro funcional, como exige el Reglamento General de Conductores, ni se siguió el procedimiento previsto en su artículo 44.3. Además, se ignoró un informe médico favorable aportado por el interesado en el recurso de alzada y se redujo el plazo de renovación sin base normativa alguna, lo que reforzó la vulneración del principio de igualdad y del derecho a un procedimiento administrativo con todas las garantías.

Este caso ha supuesto una experiencia formativa excepcional para los estudiantes de la CL-UAH, al permitirles intervenir en un litigio estratégico con un claro impacto en la protección de los derechos fundamentales. A través del análisis del expediente, la construcción de los argumentos jurídicos y la elaboración de escritos, los alumnos pudieron aplicar conocimientos de Derecho Administrativo a una situación real de discriminación.

La impugnación de la resolución de la DGT permitió ilustrar, desde la práctica, cómo opera la discrecionalidad administrativa y cuáles son sus límites, así como la relevancia de los principios de motivación, igualdad y no discriminación en la actuación de la Administración. El caso también puso de manifiesto las garantías del procedimiento administrativo y el papel del control judicial para corregir decisiones arbitrarias. Además, la legitimación activa de CESIDA en el proceso permitió a los estudiantes conocer cómo las entidades sociales pueden actuar en defensa de colectivos vulnerables, conforme a la Ley 15/2022, integrando así la dimensión procesal del Derecho Administrativo con la protección efectiva de los derechos.

Mi primer contacto con la CL-UAH fue durante mi etapa de formación en la Facultad de Derecho, cuando cursaba el Grado en Derecho. Fue un profesor de Derecho Administrativo, Jorge García-Andrade Gómez, quien marcó el inicio de este camino. Impartía la asignatura en inglés y con una metodología innovadora, la del aula invertida (flipped classroom), que transformó por completo mi forma de entender el aprendizaje y la enseñanza del Derecho. Opté por su itinerario en inglés y, como parte de esa experiencia, me animó a participar en la CL-UAH con la que también colaboraba.

Gracias a esa experiencia, conocí al profesor Miguel Ángel Ramiro Avilés, coordinador de la CL-UAH, con quien continúo colaborando. Años después, Jorge García-Andrade se convirtió en director de mi tesis doctoral. Su apoyo y enfoque innovador me ayudaron a descubrir mi verdadera vocación y a aprender de forma diferente. Hasta entonces había pensado en abandonar la carrera, pero gracias a ellos encontré mi pasión por el Derecho y su capacidad para generar un impacto social. Hoy soy profesora de Derecho Administrativo, sigo vinculada a la Clínica y soy miembro del Grupo de Investigación DECADE-UAH.

Mi experiencia como alumna en la CL-UAH fue una vivencia transformadora que amplió mi visión del Derecho y de la abogacía. Más allá del estudio teórico y normativo, la CL-UAH me permitió adentrarme en situaciones reales en las que personas con dificultades jurídicas complejas, y a menudo en contextos de vulnerabilidad, requerían conocer y entender sus derechos. Esta experiencia me enseñó a dar una respuesta jurídica de manera comprensible, especialmente a aquellos que no están familiarizados con este lenguaje. Me obligó a desarrollar una comprensión más profunda, crítica y humana del Derecho. Aprendí que, incluso en los casos que parecen más sencillos, subyacen conflictos estructurales que el Derecho, a veces, no sabe o no quiere abordar.

La CL-UAH también fue esencial en mi etapa de prácticas de Grado y Máster, y en mi experiencia profesional. Aprendí a investigar, construir informes y a redactar correos electrónicos de manera adecuada. Sobre todo, me enseñó a buscar soluciones creativas, a comprender que la respuesta no siempre está directamente en la ley, sino en su interpretación, en el análisis y estudio de jurisprudencia y de trabajos científicos.

Por otro lado, como profesora, mi experiencia en la CL-UAH ha sido una fuente constante de aprendizaje. Guiar a los estudiantes en su primer contacto con casos reales, ver cómo despierta en ellos una conciencia jurídica y social, y acompañarlos en el proceso de construir respuestas jurídicas responsables y comprometidas, está siendo una experiencia muy gratificante, aunque, he de reconocer, que a veces es frustrante. Desde el punto de vista docente, valoro enormemente el potencial pedagógico de las clínicas. No solo se enseña Derecho, sino también actitudes y habilidades que resultan difíciles de transmitir en una clase teórica. La CL-UAH se ha convertido en un espacio privilegiado para una formación integral, en la que el Derecho deja de ser solo un objeto de estudio para transformarse en una herramienta de cambio social.

La labor en la CL-UAH es muy diferente a la de las clases tradicionales. En lugar de limitarse a transmitir conocimientos, el papel del profesor es guiar a los estudiantes para que sean ellos quienes encuentren las respuestas por sí mismos. Siempre les digo que, antes de pedirles algo, intento investigarlo yo misma para saber si es posible, pero, en última instancia, son ellos quienes deben llegar a la solución. Es fundamental ser conscientes de la responsabilidad que conlleva este trabajo. La CL-UAH no es solo un espacio de aprendizaje, sino también un compromiso constante: corregir casos, mantener reuniones con los alumnos y, sobre todo, entender que detrás de cada cuestión hay personas que esperan nuestra respuesta. Muchas de ellas no cuentan con otra ayuda y su situación ha sido ignorada previamente. Aunque este trabajo requiere tiempo, es una inversión valiosa.

Cabe destacar que los profesores no recibimos ningún beneficio directo por colaborar en la CL-UAH; lo hacemos por vocación, sin reducción de horas de docencia y sin ningún reconocimiento especial. Algunos pueden obtener este reconocimiento, por ejemplo, a través del sexenio de transferencia de conocimiento o alegarlo como mérito en concursos de plazas. Sin embargo, la verdadera recompensa está en el impacto positivo que generamos tanto en los estudiantes como en la sociedad. Yo misma disfruté de esa generosidad cuando era alumna, y ahora trato de devolverla.

La CL-UAH funciona porque ofrece una forma distinta de aprender y enseñar Derecho. A través del trabajo con casos reales, los estudiantes no solo aplican los conocimientos adquiridos en clase, sino que acceden a ámbitos del sistema jurídico que normalmente quedan fuera del plan de estudios. Al mismo tiempo, desarrollan habilidades prácticas —como la investigación jurídica, la redacción de informes, el trabajo en equipo o la atención a personas vulnerables— que son esenciales para su futura profesión, pero que difícilmente se adquieren en la enseñanza convencional. Nada de esto sería posible sin la implicación y el compromiso del coordinador de la CL-UAH, el profesor Miguel Ángel Ramiro Avilés, cuya visión, capacidad de trabajo y liderazgo han sido fundamentales para consolidar el proyecto y mantenerlo vivo. Su papel no solo ha sido clave en el diseño del modelo, sino también en su sostenimiento cotidiano, garantizando que cada caso se convierta en una oportunidad de aprendizaje con impacto social real.

El enfoque de la CL-UAH va más allá de la formación académica: tiene un impacto social directo. Al asesorar jurídicamente a personas que no encuentran ayuda en otros espacios, los estudiantes contribuyen a mejorar el acceso a la justicia y a reducir situaciones de desamparo legal. La alfabetización jurídica que se realiza desde la Clínica empodera a quienes se enfrentan a situaciones de discriminación o exclusión, reforzando así el compromiso ético y social del Derecho. Este trabajo transforma también a la Universidad, que deja de ser un espacio cerrado sobre sí mismo para implicarse activamente con los problemas de su entorno. Las clínicas legales crean vínculos más estrechos entre la Universidad y su comunidad, reforzando el sentido de pertenencia y recordando que el conocimiento, para ser completo, debe servir a la sociedad.

La CL-UAH se ha consolidado como una herramienta pedagógica y social valiosa, especialmente en el ámbito del Derecho Administrativo. Su trayectoria demuestra que es posible enseñar el Derecho de forma rigurosa, pero también empática, crítica y comprometida. Esta experiencia ha sido además un impulso clave para el Grupo de Investigación DECADE-UAH, que ha encontrado en la CL-UAH una vía para desarrollar proyectos orientados a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación.

En definitiva, la CL-UAH no es solo un espacio de formación, es una forma de entender la Universidad, el Derecho y la enseñanza. Es una experiencia que transforma a quienes participan en ella, y que deja huella en la comunidad a la que se dirige. Un ejemplo claro de cómo el aprendizaje-servicio puede mejorar la educación jurídica y, al mismo tiempo, contribuir a construir una sociedad más justa e inclusiva.

-BERNARDINI, Maria Giulia, “Las clínicas jurídicas y la identidad del jurista: reflexiones filosófico-jurídicas a partir del debate italiano”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, n.º 36, 2017, pp. 27-44, disponible en: https://turia.uv.es/CEFD/10374 (último acceso: 25 de junio de 2025).

-BLOCH, Frank S. (coord.), El movimiento global de clínicas jurídicas: formando juristas en la justicia social, Tirant lo Blanch, 2013.

-CARPENTER, Anna E., “The Project Model of Clinical Education: Eight Principles to Maximize Student Learning and Social Justice Impact”, Clinical Law Review, vol. 20, 2013, pp. 39-94, University of Tulsa Legal Studies Research Paper n.º 2013-05, disponible en: https://ssrn.com/abstract=2356999 (último acceso: 25 de junio de 2025).

-CIPOLLE, Susan Benigni, Service-learning and social justice, Rowman & Littlefield Publishers, 2010.

-FONT I LLOVET, Tomàs, “Enseñanza, aprendizaje y educación en el Derecho administrativo”, Revista de Administración Pública, n.º 153, 2000, pp. 251-266, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17509 (último acceso: 25 de junio de 2025).

-GIROUX, Henry A., “Literacy, pedagogy, and the politics of difference”, College Literature, vol. 19, n.º 1, 1992, pp. 1-11.

-MARTÍN JIMÉNEZ, Berta; NASTASACHE, Mariela Alina; RAMÍREZ CARVAJAL, Paulina; y RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel, “Una clínica legal para los derechos de las personas con VIH”, en Clínicas jurídicas españolas: propuestas y desafíos, Atelier, 2022, pp. 117-144.

-NARANJO ROMÁN, Rosario, “El Aprendizaje Servicio como vía para la reducción de las desigualdades y lograr ciudades más inclusivas y resilientes. Un proyecto de la Facultad de Derecho en barrios desfavorecidos de Sevilla”, en TORRES FERNÁNDEZ, Cristóbal; JEREZ RIVERO, Wilbemis; ARRASCO ALEGRE, Jorge Luis; PUIG CABRERA, Miguel (coords.), Políticas públicas y ODS: intervenciones prácticas para la transformación social, 2022, pp. 135-151, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8408934 (último acceso: 25 de junio de 2025).

[1] Este trabajo fue desarrollado en la Universidad de Alcalá. Sin embargo, en el momento de la publicación de este estudio, soy Ayudante Doctora en la Universidad Autónoma de Madrid. El trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación de alto rendimiento Discapacidad, enfermedad crónica y accesibilidad a los derechos (DECADE-UAH). Agradezco el trabajo de los evaluadores y sus sugerencias que han contribuido a enriquecer este trabajo.

[2]

[3] María del Mar MUÑOZ AMOR, “Las Clínicas Jurídicas en la formación integral del alumno”, Docencia y Derecho, n.º 24, 2024, pp. 196-209.

[4] Anna E. CARPENTER, “The Project Model of Clinical Education: Eight Principles to Maximize Student Learning and Social Justice Impact”, Clinical Law Review, vol. 20, 2013, pp. 39-94, University of Tulsa Legal Studies Research Paper n.º 2013-05.

[5] Por todos: Frank S. BLOCH (coord.), El movimiento global de clínicas jurídicas: formando juristas en la justicia social, Tirant lo Blanch, 2013; Maria Giulia BERNARDINI, “Las clínicas jurídicas y la identidad del jurista: reflexiones filosófico-jurídicas a partir del debate italiano”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, n.º 36, 2017, pp. 27-44.

[6] Henry A. GIROUX, “Literacy, pedagogy, and the politics of difference”, College Literature, vol. 19, n.º 1, 1992, p. 8: Los y las estudiantes no deben entender el Derecho como «una narración cerrada y singular que simplemente tiene que ser venerado y memorizado».

[7] Maria Giulia BERNARDINI, “Las clínicas jurídicas y la identidad del jurista: reflexiones filosófico-jurídicas a partir del debate italiano | Legal Clinics and the Identity of the Jurist: A Legal-Philosophical Perspective from the Italian Landscape”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, n.º 36, 2017, p. 31: Las clínicas legales permiten «superar el método de enseñanza ‘clásico’, basado en la abstracción del dogmatismo y en la identificación de los casos jurisprudenciales típicos, para tomar en consideración el lado humano de la administración de justicia y la concreción de las experiencias de forma similar a lo que ocurre en la práctica médica, que tiene delante ‘personas de carne y hueso’ y no solo casos de escuela».

[8] Tomàs FONT I LLOVET, “Enseñanza, aprendizaje y educación en el Derecho administrativo”, Revista de Administración Pública, n.º 153, 2000, pp. 262-265.

[9] Berta MARTÍN JIMÉNEZ, Mariela Alina NASTASACHE, Paulina RAMÍREZ CARVAJAL y Miguel Ángel RAMIRO AVILÉS, “Una clínica legal para los derechos de las personas con VIH”, en Clínicas jurídicas españolas: propuestas y desafíos, Atelier, 2022, pp. 117-144.

[10] Susan Benigni CIPOLLE, Service-learning and social justice, Rowman & Littlefield Publishers, 2010, p. 17.