
Huidong Chi, Mireia Vargas-Urpí y Carmen Bestué Salinas 183
Hikma 22(2) (2023), 181 - 205
Una gran parte de las investigaciones en el ámbito de la interpretación
judicial se centran en la labor del intérprete, especialmente en la función que
desempeña este en los procedimientos judiciales (González et al., 1991/2012;
De Jongh, 1992; Mikkelson, 2000; Hale, 2010; Ortega, 2011; Hunt, 2013;
Biernacka, 2019, entre otros). Hale (2010) describe la profesión del intérprete
judicial y define su intervención como el elemento que sirve para eliminar la
barrera lingüística en la medida de lo posible, y de este modo, garantizar que
el acceso a la justicia sea equiparable al de los hablantes del idioma para los
que no existe tal barrera. Desde esta perspectiva, los investigadores están de
acuerdo a la hora de poner de relieve la importancia de los códigos éticos
profesionales de la interpretación judicial, considerados como «una garantía
de calidad para la profesión» (Vigier-Moreno, 2014, p. 360), «un factor
elemental para asegurar el bienestar de los clientes» (Gentile et al., 1996, p.
57) e incluso como un instrumento necesario para lograr la igualdad de
condiciones en las relaciones con la justicia de toda persona que no comparta
el idioma del tribunal (Ortega, 2011).
No obstante, si bien «el cumplimiento o no de los principios de
confidencialidad, fidelidad e imparcialidad puede afectar directamente y tener
un impacto negativo en los procedimientos judiciales» (Biernacka, 2019,
p. 30), los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en torno a la
práctica profesional de la interpretación judicial reflejan una realidad
desalentadora. En España, los resultados obtenidos por el Grupo MIRAS
(Mediación e Interpretación: Investigación en el Ámbito Social) tras analizar
un corpus oral compuesto por grabaciones de vistas celebradas en los
tribunales de Barcelona en la primera mitad de 2015, reflejan que la realidad
de la interpretación judicial en los procesos penales todavía se encuentra muy
lejos de lo deseable (véase, por ejemplo, Arumí et al., 2017; Bestué, 2018 y
Orozco-Jutorán, 2019). En concreto, al analizar las grabaciones de este
corpus con intervención de intérpretes con tres combinaciones lingüísticas
(español-inglés, español-francés y español-rumano), las investigadoras
concluyen en que, entre otros factores, la identificación de una gran cantidad
de errores tiene un impacto significativo en las garantías procesales de los
acusados que no hablan español. Este trabajo se propone presentar la
metodología utilizada para una combinación lingüística relevante en el
contexto español: el chino y el español, teniendo en cuenta la importante
presencia de ciudadanos chinos residentes en España
1
, ya que el chino es la
séptima lengua más interpretada en los juicios celebrados en Cataluña
(según los datos de 2020 del Departamento de Justicia de Cataluña) y existe
1
Según el informe publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el
número de extranjeros chinos con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor a 30 de
junio de 2021 asciende a 230 054.